
El presupuesto ordinario de la República para el 2010 alcanzará los ¢4.567.884 millones, lo que significa un incremento del 12,2% respecto al que se presentó para este año.
El incremento es importante si se toma en cuenta que la inflación proyectada para el próximo año es del 5% (más o menos un punto porcentual), pero es menor en comparación al 13% que aumentó el presupuesto del 2009.
El 58% de los gastos del 2010 (¢2,6 millones de millones) serán financiados por ingresos corrientes (de recaudación de impuestos), mientras que el 42% restantes se financiará mediante deuda.
Precisamente, dentro de ese rubro se incluye partidas por ¢614.624 millones de gastos corrientes que deberán ser financiados con la colocación de títulos valores siempre y cuando los diputados aprueben un proyecto de ley que está en la corriente legislativa que le permite al Gobierno cubrir gastos corrientes con deuda de forma temporal.
El plan de gastos en general incluye aumentos importantes en los partidas para el Ministerio de Educación (MEP), el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad, pero un crecimiento moderado para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
El presupuesto ordinario para el 2010 fue presentado esta tarde a la Asamblea Legislativa por la ministra de Hacienda, Jenny Phillips. Lo recibió el presidente del Congreso, Francisco Antonio Pacheco.
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Phillips justificó que haya casi un 20% de los gastos corrientes financiados con endeudamiento debido a la caída que ha sufrido la recaudación tributaria por efectos de la crisis financiera internacional. La caída en la carga tributaria para el próximo año se estima en un 13,9% del PIB.
Rechazó que incluir estas partidas sea “arriesgado” tomando en cuenta que el proyecto de ley en cuestión aun no ha sido aprobado por el Congreso. El plan, no obstante, ya fue dictaminado en comisión.
La ministra indicó que la aprobación del plan de gastos es un asunto de “justicia social”, pues el gobierno no puede dejar de pagar salarios, pensiones ni eliminar ayudas a sociales a las poblaciones más vulnerables.
“En momentos de crisis no se puede castigar a los sectores más vulnerables del país”, señaló.
Al consultarle si Hacienda tenía un plan B en caso de que los diputados no aprueben la autorización mencionada, recordó que el país también tiene pendiente la ratificación de un préstamo de $500 millones con el Banco Mundial. Además, está pendiente la aprobación de un nuevo impuesto a las casa de apuestas y otros tres de la reforma fiscal que impulsó este Gobierno en su primer año.
Por ministerio
El gasto social dentro del plan de gastos aumenta un 12,9% el próximo año y dentro de esas partidas se incluye un incremento en los recursos del programa de becas “Avancemos” (de ¢53.000 millones a ¢60.000 millones). También vienen ¢64.000 millones para el programa de seguridad alimentaria del IMAS.
El MEP es el que recibe la mayor transferencia, a saber, ¢1,2 millones de millones, lo que representa un 6,86% del PIB. El presupuesto incluye la creación de 2.664 plazas nuevas para educación.
El presupuesto de Salud quedó en ¢130.691 millones (aumenta un 10,3%), y preve un fortalecimiento de los programas de salud de la población infantil, así como los recursos de alimentación y atención a las poblaciones pobres y en zonas de alto riesgo.
Los recursos al Ministerio de Seguridad suben un 26,7% ya que se contempla la contratación de 700 nuevos oficiales y una mejora en los salarios de estos funcionarios.
El Ministerio de Vivienda tiene un incremento del 461% dado que se incluyen los fondos del nuevo impuesto solidario a las casas de lujo.
Igualmente, el Ministerio de Hacienda contratará 310 plazas para el fortalecimiento de la recaudación tributaria y la lucha contra la evasión fiscal.
Por otra parte, el presupuesto del MOPT prácticamente no crece, pues Hacienda no ha contemplado los recursos del crédito (ya aprobado) por $850 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, sí se hace la transferencia completa al Conavi.
En cuanto al servicio de la deuda, el plan de gastos del 2010 destinada un 33% a ese rubro.
Finalmente, contempla un déficit fiscal del ¢918.929 millones, lo que representa un 4,97% del PIB, aunque la ministra dijo que el monto podría bajar si los diputados aprueban el impuesto a los casinos y si la recaudación aumenta más de lo previsto con la recuperación económica.